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Ginebra
(Suiza) 25 feb.- EFE. Las restricciones que impone el Gobierno de Nicaragua a las
libertades de expresión, asociación y participación política continúan, a
pesar de los casi tres años transcurridos desde las protestas ciudadanas
que sacudieron el país.
La alta
comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, lo
confirmó hoy al presentar el último informe preparado por su organismo
sobre la situación en Nicaragua, conforme al encargo recibido del Consejo
de Derechos Humanos.
Ante este
foro, Bachelet anotó que recientemente se han adoptado nuevas leyes
contrarias a las libertades fundamentales de los nicaragüenses, cuyo
"espacio cívico y democrático" sigue reduciéndose.
La comunidad
internacional ha intentado en los últimos años presionar al Gobierno de
Daniel Ortega para que relaje la represión y respete el Estado de Derecho,
pero los resultados han sido escasos.
La alta
comisionada dijo que su oficina ha documentado 117 casos de acoso,
intimidaciones y amenazas por parte de agentes de la policía o agentes progobierno
contra estudiantes, campesinos, activistas políticos, y organizaciones de
víctimas y de mujeres.
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